Según se dio a conocer a la prensa días pasados, la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes podría dar tratamiento a un proyecto que ya cuenta con media sanción de Senadores, pero que no es otro que la transcripción fiel del decreto que la Justicia correntina anuló por inconstitucional.
Para la Fundación Iberá, si los Diputados correntinos se limitan a tratar sobre tablas el proyecto que los senadores aprobaron sin mayor análisis ni evaluación, y que no es otro que el que Arturo Colombi había aprobado a través de un Decreto que ya fue anulado por la Justicia, la Justicia tendrá esta ley rápidamente bajo la lupa.
Esto es lo que podría suceder si el próximo 26 de Mayo los diputados se limitan a tratar un proyecto que ha demostrado estar plagado de falencias y distorsiones, y que sólo atiende al interés de unas pocas grandes empresas interesadas en que los desmontes sean autorizados.
La Fundación Iberá, una entidad sin fines de lucro de la ciudad de Mercedes, fue quien interpuso un Recurso de Amparo ante la Justicia correntina, y logró que el anterior decreto fuera rápidamente anulado por inconstitucional. El fallo había sido apelado por el ejecutivo Provincial ante el Superior Tribunal de Justicia, pero este último volvió a ratificar el anterior.
Para la Fundación, "la vía de una ley es la correcta, pero sería una gran equivocación que los legisladores promuevan el mismo contenido, sólo cambiando el envase".
Es llamativo ver como este anteproyecto de ley no está en concordancia con la Ley de Bosques Nacional y la Ley Provincial Conservación Bosques Nativos, dos leyes actualmente en vigencia que la Legislatura debería respetar.
La situación sólo resulta entendible en un esquema de extremo apuro y presiones desde el ejecutivo, ya que la Comisión de Ecología de Diputados tiene la vocación de ajustar un proyecto superador y por la vía de la concertación con todos los sectores, en especial escuchando a los organismos técnicos que había participado en el desarrollo del proyecto original.
"Si con la nueva Ley no hacen otra cosa que ratificar lo que decía el decreto anterior, esto terminará nuevamente en la Justicia", sentenció la Fundación Iberá.
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