Latinoamérica unida en defensa de las ballenas

Sesenta y cinco organizaciones civiles ambientalistas de América Latina, el Caribe e internacionales solicitaron a sus gobiernos adoptar acciones diplomáticas frente a la próxima temporada de caza "científica" de ballenas de Japón en el Océano Austral.

En forma simultánea, 65 ONGs de Latinoamérica, el Caribe e internacionales que trabajan en conservación marina regional solicitaron a sus gobiernos la adopción de medidas diplomáticas y de rechazo público a los recientes anuncios efectuados por el gobierno de Japón en relación a retomar, a partir de diciembre próximo, la denominada caza “científica” de ballenas en el Océano Austral.

En Argentina, la solicitud fue entregada, a la representante de Cancillería ante la CBI , Embajador Susana Ruiz Cerutti, en forma conjunta por Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Cethus, Fundación MaryBio, Fundación Patagonia Natural, Fundación Vida Silvestre Argentina, y el Instituto de Conservación de Ballenas.

“Estamos convencidos que esta solicitud tendrá una respuesta positiva por parte de las autoridades de nuestro país y que a través del Grupo Buenos Aires, Latinoamérica continuará expresando su firme oposición a las operaciones balleneras de Japón en el Océano Austral. Nuestra región se ha consolidado como el bloque mas fuerte a favor de la conservación en el seno de la Comisión Ballenera Internacional por lo cual su voz tiene un peso de envergadura para evitar que se continúen los atropellos contra la moratoria a la caza comercial y los Santuarios”, sostiene Roxana Schteinbarg, coordinadora ejecutiva del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB).

En la solicitud entregada a los representantes de gobierno de los 14 países que integran el Grupo Buenos Aires, las organizaciones denunciaron el carácter comercial de la denominada caza “científica” de ballenas afirmando que “bajo el programa (de investigación letal en Antártica) JARPA II iniciado en 2006, la cuota anual de ballenas aumentó a casi la mitad de todas las ballenas cazadas al año bajo permisos especiales (de todas las naciones que han cazado bajo permisos especiales), alcanzando niveles similares a la cuota anual de caza comercial de ballena minke antártica, antes de la implementación de la moratoria”.

“Además de constituir una fachada para encubrir operaciones balleneras de carácter comercial y violar la moratoria sobre la caza comercial, el programa de caza “científica” del Gobierno de Japón en la Antártica representa una creciente y preocupante amenaza para la gobernanza del Océano Austral, la seguridad de la vida humana en alta mar y la protección del delicado ecosistema marino antártico” agregan.

Al respecto las organizaciones alertan que “la desafiante posición del Gobierno de Japón, respecto a enviar una nave patrullera con el fin de proteger a la tripulación ballenera, amenaza gravemente los principios establecidos por el Tratado Antártico como una zona de paz y libre de armas (…) situación que resulta aun más preocupante debido a la falta de transparencia sobre el tipo de embarcación, personal e instrumentos de defensa que serían utilizados”.

“En este complejo contexto creemos que la defensa de la paz de la zona antártica resulta crucial para asegurar la gobernanza del Océano Austral”, afirman.

Para Elsa Cabrera, directora ejecutiva del Centro de Conservación Cetácea de Chile “resulta inaceptable que el gobierno japonés convierta nuevamente las aguas del Santuario de Ballenas del Océano Austral en el escenario de la masacre de cientos de ballenas que se encuentran protegidas y que ahora busque convertir la antártica en una zona conflicto que podría amenazar gravemente el delicado ecosistema antártico y la seguridad de la vida humana”.

En relación a las operaciones de la flota ballenera, las 65 organizaciones aseveran que el delicado ecosistema antártico se ve amenazado por las operaciones balleneras y recordaron que “en agosto del presente año entraron en vigencia medidas que prohíben la operación de naves con combustible pesado en aguas antárticas, que es el tipo de combustible utilizado por la nave (japonesa) Nisshin Maru”. Al respecto, las organizaciones cuestionan que el anuncio del gobierno de Japón no entregue ninguna información sobre el tipo de combustible que será utilizado por esta embarcación durante la próxima temporada de caza “científica”.

En este contexto Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecocéanos de Chile señaló "La conservación de las poblaciones de ballenas y la mantención de la paz en aguas del Océano Austral, constituyen un tema de soberanía, gobernanza y cooperación internacional , lo que quedaría reflejados en el envío de una clara señal diplomática de rechazo a Japón por parte del GBA , en el ejercicio de los históricos intereses y responsabilidades que poseen los países ribereños latinoamericanos en el continente Antártico".

Las organizaciones concluyen la solicitud afirmando que “como organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la conservación del medio ambiente marino, la efectiva conservación de los cetáceos, la paz y la defensa de todas las formas de vida, vemos con profunda preocupación la reprochable conducta del Gobierno de Japón, el cual, tanto dentro como fuera del ámbito de la plenaria de la CBI sigue mostrando su nula disposición a mejorar el funcionamiento de éste importante organismo internacional. En consecuencia y conocedores de su vocación por la conservación y el respeto a las normas y convivencia internacional, solicitamos al Grupo Buenos Aires adoptar urgentemente acciones diplomáticas en rechazo a los recientes anuncios del gobierno japonés y enviar una clara y sólida señal pública de oposición a la matanza de ballenas y la posible militarización de la Antártica.”

El Grupo Buenos Aires fue creado en 2005 con el objetivo de fortalecer una posición regional fuertemente comprometida con la conservación y el uso no letal de estos mamíferos marinos y actualmente cuenta con representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.