Al ritmo de los nuevos cortes de ruta en San Carlos, generados por el proyecto para instalar una mina de oro y cobre en la zona, el Gobierno convocó ayer a una reunión al intendente departamental, Jorge Difonso, y le dio señales claras de que el proyecto no prosperará, a pesar de que un organismo oficial dio los pasos legales necesarios en la última semana para que avance.
El ministro de Gobierno, Félix González; el secretario de Ambiente, Pablo Gudiño; y la directora de Minería, Adriana Blesa, le abrieron la puerta al combativo cacique comunal sancarlino para que presentara su oposición legal ante el Consejo de Minería (órgano colegiado que otorga los permisos definitivos de exploración y explotación) y esperan que allí se termine de derrumbar la iniciativa de capitales canadienses, que comenzó en el 2000.
Pero más allá de este camino legal, tanto González como Gudiño dieron la señal política de que la minería en San Carlos, por ahora, no prosperará. Y menos, como en este caso, si se trata de un emprendimiento que está situado en una reserva natural protegida como es la Laguna del Diamante.
“Los permisos otorgados hasta ahora no habilitan la explotación y cuando el titular del proyecto quiera hacerlo, quedará en claro que hay un área protegida y por lo tanto, eso va a ser un impedimento significativo”, expresó González en coincidencia con el abogado especialista en el tema, Jerónimo Shantal, quien dijo en el programa Algo Personal, de radio Nihuil, que “en este caso hay un desconocimiento absoluto del derecho minero”.
Gudiño fue más allá. “Va a ser muy difícil que el proyecto avance a futuro”, remarcó.
Difonso, al término de la reunión con los funcionarios, fue más cauto. Anticipó que su Municipio presentará un recurso de oposición ante el Consejo de Minería y que, en caso de que sea rechazado, seguirá la vía judicial. En tanto, asumió el compromiso de enfriar las protestas en San Carlos que generaron cortes de ruta con el propio intendente al frente de esas manifestaciones.
Ayer la mina provocó reacción también en el Partido Demócrata. El diputado Hugo Babolene hizo una presentación ante la Cámara para suspender la concesión provisoria, por entender que no cumplió con requisitos legales previstos en el Código de Minería.
La clave de la discusión
Estos últimos días más de 300 manifestantes cortaron la ruta 40, en San Carlos, en protesta por un edicto publicado la semana pasada en el Boletín Oficial en el que se realizó una “manifestación de descubrimiento” para la empresa canadiense Teck Cominco en una zona rica en oro y cobre. Esa publicación fue considerada como el primer paso para la explotación y exploración de estos minerales en la zona, que además está comprendida por la Reserva Natural de la Laguna del Diamante.
La sola mención de la minería, encendió los reclamos de los vecinos autoconvocados de San Carlos y de Difonso, quien se terminó poniendo al frente de los cortes de ruta. Una situación similar a la vivida en 2007 en esa comuna y que desembocó en la sanción de la famosa ley 7.772, conocida como “ley antiminera”.
González llamó al intendente y ayer y le explicó los alcances de los edictos publicados a nivel oficial. Entre otras cosas, el Gobierno dijo que el Consejo de Minería avanzó con los edictos a pesar de estar en cuestión una zona protegida, ya que la empresa se presentó en el año 2000 y en esa época la Laguna del Diamante no tenía el status natural que sí tiene hoy. Y que en este caos, se debía avanzar desde el punto de vista legal, ya que así lo establece el Código de Minería.
Difonso escuchó. Después dijo que tratará de poner en el “freezer” los reclamos y se llevó un CD con una copia de todos los permisos mineros que están en trámite en su departamento. Y prometió volver con los recursos de oposición que terminarían frenando todo.
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