Por decisión judicial, la finca Ablomé será área protegida

La disposición del juez surgió a raíz de una nota de El Tribuno en la que se denunciaba la destrucción del patrimonio arqueológico.

Una medida cautelar dictada por el juez de Instrucción Formal de Quinta Nominación, Pablo Arancibia, dispuso la afectación provisoria y parcial de la finca Ablomé, que se encuentra junto al dique Cabra Corral. La medida tiende a crear un área protegida de 157 hectáreas, en las que se concentran varios sitios arqueológicos, únicos en el país, según señalara Diana Rotondi, directora del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Americano. A pesar de su importancia, algunos fueron depredados y otros, como mostró El Tribuno en su edición del 20 de mayo, directamente destruidos.

Basándose en la información de nuestro matutino, la diputada provincial Virginia Cornejo (PPS), formuló una denuncia ambiental y solicitó la urgente intervención de la Procuración General, “por hechos que podrían configurar infracciones ambientales y poner en riesgo el patrimonio cultural de la Provincia”. En su presentación, la diputada Cornejo destacó que “la situación descripta en la nota periodística, amerita la urgente intervención del Ministerio Público”.

Junto al dique Cabra Corral, por donde antiguamente ingresaba el río Juramento, estas “salas” ceremoniales refrendan la vida espiritual y cotidiana de los antiguos habitantes de la región. Cientos de pinturas rupestres, sin parangón en el país, representan al mundo simbólico y social anterior a la Conquista y se convierten en un documento único de la historia de nuestros pueblos. Definidos como “catedrales de la antigedad americana”, estos monumentos deberían ser considerados, al menos, con el mismo estatus de otros posteriores a la Conquista. Las pinturas, que tendrán alrededor de 1.000 años, están relacionadas con los artistas de las Cuevas Pintadas de Guachipas, otro sitio de importancia mundial e igualmente presa del pillaje.

Desde fuentes judiciales se aseguró que un decreto establecerá los pasos a seguir en la obtención del estatus de área protegida del lote. Las acciones comenzarán con una convocatoria por edicto público, ya que el propietario de las tierras que se identifican con la matrícula 526 del departamento de Guachipas, el ciudadano norteamericano Douglas Casey, no tiene dirección real alguna registrada en nuestra provincia. Se trata de un multimillonario, dueño también de una firma internacional de maquinaria agrícola, a quien los vecinos del lugar aseguran jamás haber visto.

Fuente: El Tribuno