La justicia brasileña ordenó el miércoles la paralización de las obras de la gigantesca hidroeléctrica Belo Monte, cuya construcción en el corazón de la selva amazónica enfrenta al gobierno e indígenas, por afectar la pesca artesanal en la región.
La decisión de la justicia federal del estado de Pará (norte) prohibió al consorcio Norte Energia alterar el lecho del río Xingú, con la "implantación de puerto, explosiones, implantación de diques, excavación de canales, en fin, cualquier obra que interfiera con el curso natural del río Xingú con una consecuente alteración de la fauna ictiológica".
Un vocero de la justicia federal precisó a la AFP que la medida será válida a partir del día en que la empresa reciba la notificación, que debe ser a partir de la próxima semana.
Mientras las autoridades brasileñas consideran a la represa elemento fundamental para el desarrollo energético del país, la construcción ha generado una fuerte oposición de indígenas, pobladores locales y ambientalistas, que argumentan que la iniciativa tendrá un impacto ecológico y social demasiado grande.
Si el consorcio encargado de la construcción no acata la orden será cobrada una multa diaria de 200.000 reales (unos 109.500 dólares).
Las obras que no interfieran con la actividad pesquera, como la construcción de canteros y residencias, pueden continuar, señaló el texto del juez Carlos Eduardo Castro Martins.
La Asociación de los Criadores y Exportadores de Peces Ornamentales de Altamira (Acepoat), que presentó la denuncia, argumenta que las obras pueden llegar a provocar la extinción de las principales especies de peces en la región.
"No es razonable permitir que innumerables familias, cuyo sustento depende exclusivamente de la pesca de peces ornamentales realizada en el río Xingú, sean afectadas directamente por las obras de la hidroeléctrica", destacó el juez al señalar que los productores podrán retomar plenamente sus actividades recién en 2020.
Con 11.200 MW de potencia (cerca de 11% de la capacidad instalada del país) y un costo de 11.000 millones de dólares, la represa está destinada a ser la tercera mayor del mundo, atrás de Tres Gargantas en China e Itaipú en la frontera de Brasil y Paraguay.
El oficial Instituto brasileño de Medio Ambiente (Ibama) concedió en enero la autorización para el comienzo de la construcción de la gigantesca hidroeléctrica.
La alcaldía de Altamira, a 900 km de Belém (capital del estado de Pará), presentó también una denuncia ante el Ministerio Público Federal (fiscalía) acusando a Norte Energia de no cumplir con las inversiones prometidas para compensar los impactos de la obra en la población, informó este miércoles en una nota.
El entonces presidente "Luis Inácio Lula da Silva, prometió al público en esta ciudad, el 22 de junio de 2010, que el emprendimiento traería grandes beneficios para Altamira y otras diez ciudades alrededor del megaproyeto, lo que llenó de entusiasmo a toda la población, pero lo que se ve en la práctica son penosas frustraciones, como más pobreza, inseguridad y caos social", señala el documento firmado por las autoridades locales.
La fiscalía de Pará ha denunciado que el proyecto abre "dudas sobre el respeto a la biodiversidad y la sobrevivencia de la población en un trecho de 100 km del río Xingú que será desviado", y donde viven 12.000 familias.
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